Aunque si es verdad que cada vez hay menos casos de violencia animal, aún hay desalmados en nuestro país que aunque saben de las leyes que hay contra el maltrato en este colectivo, no les tiembla el pulso y se les rompe el poco alma que tengan al ponerle la mano encima sus mascotas, animales callejeros o de cualquier tipo que encuentren.
Por ello es importante que si somos testigos o sabemos de algún acto de estas características demos la voz de alarma y denunciemos a este personaje inhumano. Por esta razón queremos explicar desde nuestra página que pasos debes realizar para hacerlo.
¿Qué se considera maltrato animal?
En el Código Penal podemos encontrar como existe la diferencia entre delito y falta, de la siguiente manera:
Delito- Se considera como tal cuando se habla de un animal doméstico y el acto de agresión conlleva lesiones graves o la muerte del animal.
Falta- Se da en animales domésticos o en espectáculos ilegales. Cuando el acto aunque no sea tan grave como el anterior si se considere cruel.
¿Cómo denunciar?
Aunque en España existen todo tipo de competencias y administraciones públicas que velan en la defensa y protección de los animales, lo mejor que podemos hacer ante cualquier tipo de violencia o maltrato animal es dirigirnos directamente a la policía o fuerzas del orden de nuestro municipio, siempre con tu DNI o documento de identificación.
Allí podemos denunciar los actos de los cuales hemos sido testigos o tenemos fe ya sea de forma verbal o escrita. Siempre recomendamos la segunda. Donde redactaras los hechos y, si así fuese, las pruebas de dicho delito (videos, fotos, testigos, etc.).
Es importante una vez que se ha hecho la denuncia, pedir una copia o resguardo que indique la denuncia en cuestión. Y si así lo vieses necesario, acudir con dicha copia al juzgado de guardia.
¿Qué consecuencias tienen los maltratadores?
Una vez que se hace la denuncia la policía se personaliza en el domicilio del denunciado o lugar donde trascurran dichos actos y dan fe de que lo ocurrido es cierto. Lo más normal es que las consecuencias sean tanto multas económicas en casos más leves hasta penas de cárcel en casos más graves.
Cuando se trata no de una persona civil, sino que además es representante o trabaja en algún sector administrativo, además de una condena a su persona, un juez deberá sentenciar dependiendo de la gravedad del delito, tanto su puesto de trabajo como, en los peores casos, todo el centro.